CCOO exige al Gobierno el cierre de la negociación de un Acuerdo Marco por el Correo Público, con una financiación de 4.850 M€ y su incorporación a la Agenda estratégica 2030 para mejorar el servicio público postal en Islas Baleares

El sindicato reclama la implicación urgente del Gobierno para sacar a la compañía de su quiebra actual provocada por el anterior presidente.

Demanda 3.350 M€ para asegurar la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) y financiar un plan estratégico que lo reposicione en el mercado, y 1.500 M€ para un nuevo marco laboral de los 50.000 empleados y empleadas de Correos.

Con ello, Correos asegurará nuevos servicios de proximidad en las Islas Baleares, aprovechando su extensa red postal, que cuenta con 117 centros y un empleado/empleada postal por cada más de 1.200 habitantes. Entre ellos, servicios sociales de atención a colectivos vulnerables, de accesibilidad bancaria, digitales, de las administraciones públicas, con especial atención a las personas mayores de 65 años que representan más del 16% de la población.

El sindicato mayoritario de Correos ha presentado al Gobierno un documento con 100 propuestas que conformarían el cuerpo de iniciativas a incluir en el Acuerdo Marco Estratégico para ampliar la prestación de servicios en todo el país y, singularmente, en Baleares. El objetivo central es mejorar la atención a la comunidad y contribuir a la cohesión social y económica del territorio. Además, busca rescatar a Correos de la grave crisis financiera provocada por el anterior presidente de la entidad y permitir la inclusión del servicio público postal en la Agenda 2030 del Gobierno. Correos desempeña un papel crucial para la ciudadanía en todo el país, especialmente, en las zonas rurales afectadas por el reto demográfico donde se necesitan servicios públicos de proximidad, razón por la que debe incorporarse a la Agenda estratégica del Ejecutivo.

En concreto, la propuesta de CCOO incorpora la utilización de la red de Correos como centros de servicios públicos para la ciudadanía, en general, y de Islas Baleares, en particular, prestando diferentes servicios a las personas, comercios, empresas e instituciones:

Servicios sociales a la comunidad, con especial atención a los grupos vulnerables y a las personas mayores (más del 16% de la población de la provincia tiene más de 65 años).

Mejorar la accesibilidad bancaria en la provincia, que en los últimos años ha sufrido la pérdida de más del 48% de oficinas bancarias y de cajeros automáticos. Es necesario reducir el impacto negativo en términos de acceso al efectivo de la población.

CCOO considera que se debe utilizar la extensa red postal, con amplia presencia en el territorio, 117 centros de trabajo y un trabajador/ trabajadora de Correos por cada más de 1.200 habitantes en las islas. Y que las oficinas sirvan como punto de acceso para prestar servicios de las administraciones y garantizar así servicios digitales y de comunicación en zonas con poca cobertura.

Garantizar la entrega de la correspondencia y la paquetería ante el auge del comercio electrónico, en igualdad de acceso y oportunidades en las ciudades, municipios medianos y pequeños y en las zonas rurales.

Todas estas medidas deben ir acompañadas de una actualización de la normativa laboral que incluya un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, con salidas incentivadas, ofertas de empleo y actualización de bolsas de contratación que garanticen la sustitución y la cobertura de todos los puestos de trabajo en las Islas Baleares. Estas medidas pretender acabar así con el severo ajuste de la contratación que se viene produciendo en los últimos meses y que afecta sobre todo a Maó, Sa pobla, Felanitx, Palma, unidad de urgentes (USE),Soller… y también a toda la isla de Eivissa. Y, finalmente, una actualización que mejore los salarios y la regulación de la carrera profesional.

Para CCOO, el Acuerdo Marco por el Correo Público debe garantizar la sostenibilidad económica y social de Correos mejorando la financiación del Servicio Postal Universal, proporcionar nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG) a la ciudadanía y debe acabar con el salvaje recorte de plantilla actual.