CAEB muestra su satisfacción por la aprobación de un REB fiscal imprescindible para competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas del territorio nacional

La patronal recuerda que “hemos apoyado iniciativas parlamentarias y hecho frente común con el resto de los agentes económicos para reclamar la fiscalidad del REB desde hace muchos años”

CAEB sigue reivindicando que se elimine la Regla de Mínimis que impone una cuantía máxima de las ayudas comunitarias que pueden recibir las empresas de Baleares

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) muestra su satisfacción por la aprobación ayer de la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB) por parte del Consejo de Ministros, una noticia presentada ya en octubre de 2022, que la patronal balear reclamaba como una herramienta imprescindible para competir en igualdad de condiciones que las empresas de la Península.

CAEB recuerda que “hemos apoyado iniciativas parlamentarias, hemos hecho frente común con el resto de los agentes económicos para reclamar la fiscalidad del REB desde hace muchos años. Lo consideramos imprescindible para mantener la actividad empresarial, combatir la insularidad e incentivar las inversiones de las empresas de Baleares”.

El nuevo Régimen fiscal Especial de las Illes Balears servirá para impulsar la actividad económica y mejorar la competitividad de las empresas y los trabajadores autónomos que operan en Baleares, incorpora dos medidas muy importantes: por una parte se ha creado un régimen especial para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras; y también la reserva de inversiones, que supone para las empresas y autónomos de las Islas ahorrar impuestos y redirigir estos recursos a mejorar su competitividad (tecnología, contratación, sostenibilidad...). La entrada en vigor del nuevo REB fiscal dotará de una mejor seguridad jurídica, altamente reivindicada desde CAEB.

Pese a la buena noticia que supone el REB fiscal, desde CAEB se sigue reivindicando que se elimine la Regla de Mínimis que impone una cuantía máxima de las ayudas comunitarias que pueden recibir las empresas de Baleares, especialmente en el transporte de mercancías.